En la zona, según fuentes de inteligencia militar, hay cerca de 4.000 hectáreas de coca que muchos campesinos admiten que son su principal fuente de sustento. La exsenadora Piedad Córdoba, defensora del paro, aseguró que el Catatumbo es atractivo por “los 300 millones de toneladas de carbón y los 1.700 millones de barriles de petróleo” que tiene.

 

Dentro del acuerdo planteado se contemplan cinco componentes relacionados con asistencia alimentaria, nutrición, empleo rural, subsidios y proyectos productivos planteados como mecanismo de compensación para cada núcleo familiar.

 

Este caso ha quedado en manos de autoridades locales que no tienen capacidad para poder resolverlo, las fuerzas públicas tienden a ver estas movilizaciones sociales solamente como un problema que se hubiera podido evitar si tuviera una capacidad de acción proactiva y no solamente reactiva.

 

Colombia tiene marcado el pasado y el presente. Con la Masacre de las bananeras en 1928, la muerte violenta de nueve estudiantes de la Universidad Nacional, entre el 8 y 9 de junio de 1954 al ser reprimida la manifestación de jóvenes universitarios liberales y conservadores durante el gobierno de las fuerzas armadas; el tratamiento a múltiples movilizaciones sindicales y campesinas, la situación no es muy diferente: Toda expresión de protesta social sea de campesinos, pobladores, sindicalistas o estudiantes son catalogados como expresiones o manipulaciones de los “terroristas”. El poder establecido siempre tiende a descalificar a quienes lo cuestionan o lo confrontan.

 

Las protestas en el Catatumbo no son una excepción, con acuerdos o sin ellos, está en juego una deuda acumulada con campesinos e indígenas, mientras favorecen los grandes negocios, las preocupaciones sociales, económicas y humanitarias de los marchantes del Catatumbo ¿Dónde quedan?

 

(1995-1999) Tras el anuncio de Carlos Castaño los paramilitares ingresaron al Catatumbo y perpetraron masacres, homicidios selectivos, desaparición forzada, violencia sexual, entre otros crímenes que quedan impunes.

 

La respuesta estatal tampoco ha cambiado desde entonces: promesas y anuncios de inversiones que se olvidan cuando sus delegados se levantan de la mesa de negociación o que se cumplen parcialmente, son resolver los problemas a fondo en infraestructura, salud, educación, proyectos productivos, electrificación y saneamiento básico.

 

Por eso muchos ciudadanos no encuentran ya otra forma de hacerse oír: protestan mediante marchas que paralizan algunas actividades económicas y elevan la presión sobre el gobierno, por otro lado, grupos armados ilegales intentan sacar beneficios.

 

En esta zona de conflicto ha habido violación de los derechos humanos, la fuerza pública ha arremetido contra los campesinos, lo que ha conllevado a la muerte de algunos de los manifestantes (Leonel Jácome, Édison Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios)

 

CONCLUSIONES

 

Estos paros y bloqueos, muestran el nivel de desacuerdo que viven los colombianos de los diferentes sectores con las políticas del gobierno. Los políticos están detrás de estos paros influenciando a los líderes de las comunidades a tomar este tipo de acciones, para luego sacar provecho en temporada electoral, las protestas que se llevan a cabo tienen una sola razón “La inconformidad”.

 

Las actividades económicas en la zona están colapsadas desde hace más de 1 mes, donde hay carencia de recursos necesarios para que las personas atiendan compromisos en el sector agropecuario, labores de mantenimiento de los cultivos, la cosecha, transporte, comercialización de insumos y productos, se encuentran totalmente paralizadas.

 

Sensatez esperamos de los gobernantes sobre los cuatro homicidios, “la fiscalía adelanta labores investigativos para establecer la procedencia de los proyectiles de arma de fuego por las cuales, según el dictamen de necropsia, murieron estas personas”.

 

Un estado que ha incumplido sus promesas pretende ahora callas las protestas de los campesinos, éste es incapaz de proveer condiciones que garanticen la vida y bienes de la población.

 

A bala, palo, dicho en otras palabras “violencia” no se resolverán los problemas estructurales de esta región, se necesitan acciones económicas a favor de los menos favorecidos y no sólo de estímulos a iniciativas económicas que benefician a los acaparadores de tierras y a los poseedores de títulos mineros, que se aprovechan y agravan la situación actual.